TELEVISIÓN PÚBLICA, ¿DERECHO O PRIVILEGIO?

Durante el pasado fin de semana hemos tenido la ocasión de vivir en directo el cierre de una televisión pública autonómica (Cierre de Canal 9). 

Resulta paradójico contemplar cómo desaparece de nuestras pantallas una emisora que fue creada (como el resto de cadenas públicas y autonómicas) con el objetivo de difundir y promover la cultura, las tradiciones, la lengua (o dialecto) propio y la realidad social e institucional de la comunidad, ofreciendo un servicio público de proximidad. Potencialmente, además, son motores de la industria audiovisual de la autonomía y de la innovación en el conjunto del país.

Sorprende, por otro lado, que determinadas televisiones autonómicas sean líderes de audiencia mientras otras no dejan de perder espectadores hasta que al "responsable" de turno se le ocurre la "brillante" idea de dar cerrojazo por no resultar rentable.

¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo los servicios públicos tienen que ser rentables? ¿Por qué una empresa pública de servicios puede despedir de un plumazo a cientos de trabajadores sólo justificando que su gestión no es rentable?

Desde mi punto de vista y partiendo de la base de que las instituciones públicas están diseñadas para prestar servicios a los ciudadanos, éstas tienen que hacerlo de forma gratuita, puesto que ya aportamos lo nuestro abonando religiosamente nuestros impuestos. Es responsabilidad de la dirección de dicho servicio público que los recursos se gestionen de forma inteligente y que las decisiones se tomen pensando en ofrecer la máxima calidad. Afortunadamente, los propios ciudadanos tienen la potestad de elegir a aquéllos que han de ser los responsables de gestionar dichas instituciones (a esta suerte se le llama democracia).

Volviendo a los objetivos por los que fueron creadas las televisiones públicas autonómicas (extiéndase también a las locales), además de lo citado, éstas deben tener las siguientes funciones: satisfacer las demandas de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad, difundir su identidad cultural y promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales garantizando el acceso al medio de todos los grupos sociales significativos.

Cuando un medio de comunicación pretende informar ofreciendo información sesgada, cuando pretende entretener a la sociedad imponiendo conductas y cuando el pluralismo, la participación y demás valores institucionales se ven abocados a la mínima expresión, la televisión deja de ofrecer los servicios para los que fue diseñada y el espectador obvia su existencia: la pérdida de audiencia es inmediata y los ingresos publicitarios decaen.

Otra cosa distinta sucede en determinadas televisiones locales, donde la financiación no es un problema y se impone el NODO del siglo XXI. En este caso, todo lo anterior carece de lógica y priman el autobombo, las verdades a medias y la manipulación mediática. A ello se suma la nula existencia de competencia, puesto que en lo local, el espectador no puede cambiar de canal.

Concluyo expresando mi más firme convencimiento de que la televisión pública debe ser un derecho, rentable o no rentable economícamente (siempre rentables en sus objetivos), pero teniendo presente siempre que han de cumplir las funciones para las que fueron diseñadas. Cuando cambiar de canal no es suficiente, el siguiente paso sigue estando en nuestro otro "mando a distancia": el voto.