Desde el pasado jueves, los andaluces tenemos un derecho más al que no pueden acceder los españoles que residen en otra comunidad autónoma. Me refiero a la medida aprobada esta semana por la Junta de Andalucía en forma de Decreto-Ley que pretende atender las necesidades de las personas en riesgo de desahucios.
En Andalucía, al igual que en el resto del país, vivimos en la paradoja de que existen miles de familias que no pueden acceder a una vivienda aún existiendo más de 700.000 viviendas vacías.
La Junta de Andalucía ha aprobado la expropiación forzosa del uso de la vivienda a los bancos, para evitar así que las familias que no pueden afrontar el pago de su crédito hipotecario por haber sufrido de lleno el azote de la crisis económica y hayan visto reducidos notablemente sus ingresos, sean desahuciadas. Por un plazo máximo de 3 años, las familias que estén inmersas en procedimientos de desahucios, seguirán viviendo en sus casas sin tener que pagar la totalidad del importe mensual de la vivienda, sino un máximo del 25 % de los ingresos familiares. De esta forma, durante ese colchón temporal, las familias tendrán la oportunidad de regular su situación económica sin tener que abandonar su vivienda con la deuda de ésta aún por saldar como ha ocurrido hasta ahora.
Por otro lado, la norma aprueba sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias por cada vivienda deshabitada que posean sin justificación, para dar respuesta al elevado número de familias andaluzas inscritas en los registros municipales de demandantes de vivienda, medida que fomentará el alquiler a costes asequibles.
Una vez más, me siento especialmente orgulloso de que Andalucía haya sido pionera en la aprobación de medidas concretas que conseguirán mejorar la vida nuestros vecinos, en este caso, en materia de vivienda. Medidas que, no olvidemos, han sido convertidas en una realidad por políticos, atendiendo al clamor del pueblo. Para que luego digan que todos los políticos son iguales.
